Algunas apreciaciones sobre prestación sociosanitaria y Daño Cerebral Adquirido

 

Valeriano Garcíavaleriano garcía

Director – Gerente de FEDACE

 

 

El pasado mes de enero teníamos noticia de algunas situaciones de bloqueo en hospitales de Sistema Nacional de Salud. Por ejemplo, se nos informaba que en Canarias 400 camas de hospitalización de pacientes agudos estaban ocupadas por crónicos. “Crónicos y agudos pugnan por una cama de hospital en Canarias” titulaba el diario el País en su edición de 21 de enero.

A pesar de lo espectacular y dramático no nos extrañó la noticia. Cada día recibimos llamadas de familias de personas, que ingresaron en el hospital por causa de un Ictus, un traumatismo craneoencefálico,…y a las que se les propone el alta, con daño cerebral, tras haber pasado la etapa crítica de UCI y un periodo de estabilización en planta. No saben que hacer.

Esta propuesta de alta domiciliaria supone, en muchos casos, la interrupción de un proceso de rehabilitación funcional especializada que, a pesar de ser un derecho reconocido por ley, no siempre se prescribe y cuando se hace resulta difícil encontrar donde llevarla a cabo.

Aunque la noticia no nos sorprendió, las declaraciones del Presidente canario nos dejaron estupefactos. Según el los culpables eran las familias a las que acusaba de “bloquear el sistema por no recoger a los 400 pacientes dados de alta”.

Esa familia que tuvo que dejarlo todo para estar pendiente de su padre, su hijo, su pareja…, mientras le acompañaban en la lucha por sobrevivir en la UCI, o en el despertar a una realidad diferente que supone un cambio radical (dificultades para moverse, recordar, comunicarse, …etc.). Estas familias a las que no se les ofrece ninguna alternativa para continuar el proceso de rehabilitación y que no saben qué hacer ni como abordar la nueva situación son también culpables de colapsar el sistema sanitario.

Pues no, señor presidente. No es así. La responsabilidad es de un sistema incapaz de garantizar la continuidad de la atención sanitaria que precisan algunos colectivos llamados crónicos. En algunos casos mal llamados crónicos, ya que esta denominación sirve de coartada para no ofrecer recursos y tratamientos, que de prestarse a tiempo y en condiciones adecuadas, como es el caso de la neurorehabilitación para las personas con DCA, podría mejorar sensiblemente la recuperación de algunas funciones y mejorar la autonomía de las personas.

Asumir que algo no funciona, y buscar las causas debería conducir a la propuesta de soluciones y desde nuestro punto de vista las soluciones podrían venir de la construcción del llamado espacio sociosanitario.

Se lleva hablando mucho tiempo de espacio sociosanitario, modelo sociosanitario, prestación sociosanitaria y es difícil encontrar alguna opinión en contra. Todo el mundo coincide en su idoneidad. Sin embargo, los avances en su construcción son imperceptibles.

La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (69/2003) da forma legal a la prestación sanitaria como “la atención que comprende el conjunto de unidades destinadas a aquellos enfermos, generalmente crónicos, que por sus especiales características pueden beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales, para aumentar su autonomía, paliar las limitaciones y sufrimientos y facilitar la reinserción social”

Lamentablemente esta conformación legal de 2003 no ha tenido la evolución esperada y cuando se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (R.D. 1030/2006) no se desarrolla el contenido de la cartera de servicios de atención sociosanitaria.

Por otro lado las expectativas generadas con la Ley de promoción de autonomía personal y atención a la dependencia (39/2006) tampoco se han cumplido, de manera muy especial en la creación de centros, recursos y programas que conformarían la red de recursos de los servicios sociales.

En estos momentos asistimos a una especie de juego perverso de “achique de espacios” en el que la sanidad expulsa de manera prematura a las personas con daño cerebral, los recursos sociales son insuficientes y, además, no pueden ni deben asumir funciones que tienen un componente claramente sanitario. En medio, las personas con daño cerebral y sus familias.

En el año 2005, el Defensor del Pueblo en Comisión Mixta del Congreso informó que “el daño cerebral sobrevenido constituye uno de los mayores desafíos para la adecuada coordinación entre las administraciones en ámbitos sanitario y social, la articulación de estrategias preventivas y asistenciales y para garantizar la calidad de vida e igualdad a las personas afectadas y familias”. En la misma comparecencia recomienda adoptar acuerdos de coordinación en El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y el desarrollo de planes integrales de atención al DCA en las Comunidades Autónomas.

Desde el movimiento asociativo del Daño Cerebral Adquirido reiteramos la urgencia de regulación de la prestación sociosanitaria, en base a un modelo que:

o Garantice la continuidad y coordinación asistencial en las fases aguda, sub-aguda y crónica.

o Ponga en primer plano la calidad de vida (autonomía física, psicológica y social)de la persona, y no solo la curación o supervivencia

o Defina y dimensione los tipos de recursos (media y larga estancia, hospital de dia, unidad ambulatoria, apoyo en entorno domiciliario…) para la rehabilitación e inclusión de las personas con DCA.

o Homologación de estos servicios. La atención debe estar a cargo de equipos con funcionamiento interdisciplinar y sujetos a criterios de calidad definidos y contrastables.

o Promover los servicios orientados al desenvolvimiento e integración de las personas con DCA en su entorno sociocomunitario.

o Universalidad en base a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos con daño cerebral sea cual sea su situación y lugar de residencia.

Como se ve no se está proponiendo la creación de un nuevo sistema diferenciado del sanitario y el de servicios sociales ya existentes. Se trata de articular propuestas para convergencia de estos dos sistemas y establecer los mecanismos de coordinación precisos.

Para abordar esta tarea es necesaria voluntad política y respaldo normativo que active los mecanismos de coordinación entre Atención Primaria, Especilidades, Centros base…etc. e implique a los profesionales sociosanitarios y a las organizaciones representativas del movimiento asociativo.

Una buena manera de empezar sería implantando la figura del Gestor de Casos para orientar a las personas en situación de dependencia por DCA y familias perdidos en la nebulosa de ese espacio inexistente. Tendría entre sus funciones la planificación, el seguimiento y la evolución del plan individualizado de atención sociosanitaria. Para ello es necesario manejar información, sobre la salud, situación emocional, habilidades cognitivas, situación emocional y circunstancias familiares y sociales. Además debe estar familiarizado con el inventario de recursos existentes para la rehabilitación e inclusión social, demandando respuestas, cuando se precisen al Sistema Sanitario y a los Servicios Sociales.

Estas funciones podrían ser asumidas por perfiles profesionales de enfermería, de trabajo social o similares, que deberán completar su formación con un postgrado homologado que incluya formación sobre modelos, técnicas y procedimientos de planificación y gestión, y el conocimiento práctico del los diferentes colectivos de las personas con discapacidad, en este caso de las personas con daño cerebral adquirido.

Se han perdido muchas oportunidades. Ya es hora de poner en primer plano las necesidades de las personas (pacientes, personas con discapacidad, familias) y avanzar en un modelo integrado de cuidados y promoción de autonomía.

Esta entrada ha sido publicada en Boletín, Compartir2014 el 6 febrero, 2014.

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El Imserso aclara falsos dependientes

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Dirección General del Imserso y en colaboración con los gobiernos autonómicos, ha regularizado más de 13.000 errores de las 25.806 irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en la aplicación de la Ley de Dependencia.

Estos errores, que salieron a la luz horas antes del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) del pasado mes de enero, quedaban recogidos en un informe preliminar del Tribunal de Cuentas que apuntaba a ciertas alteraciones en la aplicación de la Ley, algunos de ellas relacionadas con la asignación de prestaciones a personas fallecidas.

Las cifras, que variaban en función del interlocutor, llegaron a situar en 30.000 los fallecidos que recibían prestaciones, extremo este que el propio Tribunal de Cuentas negó. Sin embargo, según datos a los que ha tenido acceso Redacción Médica, el informe ha revelado que hasta 2011 se han localizado 25.806 irregularidades que sumaban un importe económico cercano a 47 millones de euros.

A la vista de estos datos, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Dirección General del Imserso y en colaboración con los gobiernos autonómicos, ha liderado un proceso que, según ha podido saber este periódico, ha llevado a que se hayan regularizado la mitad de los errores detectados. Por tanto, a día de hoy 13.059 de estos casos se han resuelto,  aunque llama la atención que suponen solo 9 de esos 47 millones. El resto, casi 37 millones y más de 12.700 casos, están pendientes de resolución.

Más de 12.000 fallecidos

Los datos a los que ha tenido acceso este periódico revelan que dentro de esas 25.806 irregularidades, más de 12.000 eran fallecimientos; 1.363 eran duplicados; 2.642 tenían relación con servicios de teleasistencia; más de 6.600 están clasificados como importes negativos y otros 3.115 quedan encuadrados como importes excesivos.

De acuerdo con los datos desglosados, hasta ahora se habrían regularizado 6.162 casos de fallecimientos; 1.327 duplicados; 2.205 de los que aparecían relacionados con servicios de teleasistencia; 1.598 del epígrafe de importes negativos y 1.767 del que hace referencia a importes excesivos.

http://www.redaccionmedica.com/noticia/sanidad-regulariza-la-mitad-de-los-errores-en-dependencia-detectados-por-el-tribunal-de-cuentas-5931

FORO DE ACCIÓN SOCIAL PROPICIADO POR UN PARTIDO POLÍTICO

El pasado 26 de febrero, en un céntrico hotel de la capital aragonesa, nos reunimos diversos representantes de entidades sociales por invitación de un partido político para pulsar la opinión de la calle.

Poco importan los nombres pero nos parece importante la inicativa y agradecemos que se contara con nosotros para formar parte del grupo.

De forma sucesiva, las asociaciones expresamos nuestras opiniones con libertad, se habló de recortes, de la situación económica, de la pérdida de confianza de la sociedad en los políticos, de la escasa información que existe sobre diversos temas y de las dificultades de comunicación con los responsables autonómicos.

Entre las numerosas peticiones que se formularon, se habló de la necesidad de que existan proyectos a medio y largo plazo tanto para dar continuidad a las iniciativas como por la necesidad de contar con cierta seguridad a la hora de implementar los proyectos.

Se denuncio la precaria situación del sector, se solicitaron mas geriatras, se planteó la necesidad de fomentar la autonomía personal, la integración laboral, la atención postemprana, se habló de la falta de estrategias sociosanitarias y todo ello en relación con determinadas patologías como enfermedades mentales, Down, daño cerebral, Alzheimer, deficiencias psiquicas…etc.

También se planteó la necesidad de jerarquizar los problemas abundando en prioridades como la modificación de la cultura del bienestar y de lo básico que resultan los aspectos sociales, de la necesidad de reflexionar sobre la función de las distintas entidades y asociaciones…mesa-de-reuniones

La duración del encuentro no permitió grandes alegrías, ni de expresión de la problemática ni de debate sobre los aspectos planteados, pero se llegó a algunas conclusiones determinadas por el anfitrión de la jornada:

a) Necesidad de estabilización de las subvenciones

b) Necesidad de mejorar la comunicación

c) Necesidad de desarrollo de un plan estratégico a futuro

d) Necesidad de un cambio en la mentalidad sobre el estado social.

Por último y en lo que a nuestra asociación se refiere, planteamos nuestras inquietudes sobre la propia vivencia de las asociaciones de usuarios, sobre su función real y sobre la necesidad, especialmente en tiempos de crisis, de desarrollar fórmulas imaginativas a la hora de fomentar el asociacionismo y por supuesto las subvenciones. El 30% del total de las subvenciones acaba en las plataformas de representación de los colectivos por lo que a nuestro entender las labores burocráticas y representativas suponen una disminución importante de los recursos que deberían destinarse a la atención de los usuarios.

No todos los presentes estuvieron de acuerdo en nuestro planteamiento de las subvenciones pero nuestra reflexión intentaba hacer hincapie en lo difícil que resulta entender que las asociaciones con atención directa a pacientes, mediante tratamientos que deberían ser proporcionados por el sistema sanitario, se vean obligadas a competir en el mismo nicho de subvenciones con otras asociaciones exclusivamente de apoyo o asesoramiento y menos aún con los propios entes coordinadores incluidas las plataformas.

Creemos que sería necesario aumentar la transparencia del sistema en cuanto a la posibilidad de obtener información sobre el total de subvenciones que recibimos cada una de las asociaciones provengan de donde provengan los recursos.