CONOCER EL SISTEMA SANITARIO ES AMARLO, Sra Mato

Fernando Magro, entre otros altos cargos ocupados en la Administración General del Estado, fue responsable del Insalud cuando se elaboró la Ley General de Sanidad

http://xurl.es/4uzlr (acta sanitaria)

Sin entrar a hacer valoraciones que puedan relacionarse detalladamente con su curriculum, Ana Mato es una persona a la que se la puede considerar “profesional” de la política. No se la conoce otra actividad. Dentro de esa profesionalidad tiene, además, la singularidad de que se ha ocupado fundamentalmente de tareas de partido, de “aparato”, lo que luego ha ido compaginando, al ir subiendo en la estructura orgánica, con cargos “electivos” en las correspondientes listas cerradas y bloqueadas tan de actualidad. Diputada autonómica, diputada nacional, al parlamento europeo… Su carrera en el interior del PP ha sido brillante, y bien apoyada por distintos Secretarios Generales, llegando a puestos ejecutivos con responsabilidad estatal en el área de organización, lo que la ha llevado a dirigir importantes tareas, entre las que deben destacarse las relacionadas con los procesos electorales, tanto en lo programático como lo organizativo.

Toda esa carrera la ha desarrollado con mucha “discreción”, porque no se le han conocido ni intervenciones señaladas, ni escritos donde haya expuesto sus propuestas e iniciativas programáticas en ningún área concreta, ni de carácter general.images

Puede resumirse su actividad y carrera política como la de una persona claramente de “aparato”. Lo que conlleva, trabajo, disciplina, obediencia y gran poder de adaptación y sumisión al mando.

 Los últimos acontecimientos

Con los últimos acontecimientos derivados de los papeles de Bárcenas, ha vuelto a la actualidad la relación de su marido, Jesús Sepúlveda, con la trama Gürtel durante un tiempo prolongado. Esa relación llevó a Jesús Sepúlveda a la dimisión como alcalde de Pozuelo de Alarcón, lugar donde residía la familia. Pero el asunto ha tenido una actualización. La UDEF (Delitos económicos y fiscales de la Policía) ha ampliado las averiguaciones que hizo en su día en relación con las “atenciones” que tuvo la trama Gürtel con la familia Sepúlveda-Mato. En esa ampliación se ponen de manifiesto regalos concretos, relaciones de viajes, pago de fiestas, etcétera. Todo muy detallado y valorado. Las cifras que calcula el informe policial que fueron gastadas en estas “atenciones” supera los 50.000€.

A partir de este momento es cuando se ha abierto un nuevo episodio Gürtel-Sepúlveda-Mato. En el anterior proceso, en 2009, a través de una denuncia de hechos similares, el juez al analizar los detalles que pudo aportarle la policía no entró en el fondo de la cuestión y simplemente archivó la denuncia indicando que, en todo caso, los hechos denunciados habrían prescrito. Año 2009, y hechos denunciados en el periodo 2000-2004.

En este nuevo episodio, Ana Mato se ha visto claramente puesta en evidencia, lo que puede haberse exacerbado por la indignación que está acompañando a todo lo relacionado con Bárcenas-PP-Gürtel y al hecho de que ahora Ana Mato sea ministra.

Como era de esperar a las mayoritarias y plurales exigencias de dimisión exigidas a la ministra, ella ha reaccionado, junto con las máximas instancias del PP, con la declaración rotunda de inocencia y de absoluta confianza en la probidad de todo tipo. Es la costumbre que ha consolidado Rajoy con Matas, Camps, Fabra, Bárcenas…

Ante esta situación, lo primero que parece que hizo Ana Mato es relatar brevemente la situación ante el Consejo Nacional del PP declarando su absoluto desconocimiento del asunto y su distancia del mismo como ya había hecho en anteriores ocasiones, alegando su separación real con Jesús Sepúlveda. Fue escuchada, apoyada incondicionalmente y de forma muy expresa por el propio Rajoy, doble presidente, del PP y del Gobierno.

Pero al hacer referencia directa a su situación personal ha eximido a cualquiera de alejarse de estos ámbitos privados, y poner su atención en los tiempos y circunstancias de esa relación personal. Los distintos medios han indagado y se ha puesto de manifiesto una importante confusión de fechas y situaciones. Ana Mato declara que está separada de su marido desde el año 2000, pero las fiestas financiadas por Gürtel van hasta 2004 y algunas son de cierta relevancia familiar, como cumpleaños y comuniones que no parece fueran desconocidas en su gestión por Ana Mato, madre de los hijos afectados. Además, hasta 2009 mantuvieron régimen de gananciales, según información de Hacienda, lo que desmiente una separación matrimonial efectiva que lleva a la disolución del régimen de gananciales, independientemente de su ejecución definitiva, y ello queda reflejado en la correspondiente acta judicial, que tiene fecha y firma. En este proceder ya se encuentra una importante falta a la verdad, porque Ana Mato puede desconocer los negocios de su marido, la compra de coches, los pagos realizados y los ingresos derivados de sus legales o ilegales actividades, pero no es creíble que no sepa si ha firmado o no las capitulaciones matrimoniales que llevan a su separación, que no divorcio, que no ha tenido lugar por unas razones religiosas que a nadie debían interesar hasta que ella las ha hecho públicas.

Pero no es solo este el escenario de las falsedades. Se declara inocente de esos asuntos relacionados con Gürtel diciendo, una y otra vez, que el asunto fue desestimado por el juez Pedreira. No fue desestimado por los hechos, sino por la prescripción, en primer lugar; y, en segundo, lo que ahora presenta la UDEF no son solo aquellos asuntos de financiación familiar, sino muchos más y más documentados, sobre los que en estos momentos no ha dicho nada ningún juez.

Así que solo ante estos escenarios de falsedad, la posición de una ministra es insostenible en cualquier país con una mínima calidad democrática. Baste recordar las recientes dimisiones en Alemania y Reino Unido de ministros por asuntos de mucho menos significado ni económico, ni político, simplemente ético. La ministra de educación alemana, persona muy cercana a Merkel, ha puesto el listón muy alto después de un desempeño de 7 años de una cartera de esa relevancia, dimitiendo por haber copiado de forma parcial un trabajo de doctorado.

Pero vayamos un paso más adelante.

La trama Gürtel es compleja y ha tenido unas enormes ramificaciones tanto territoriales como sectoriales. Ha actuado en el sector de la construcción especialmente, aprovechando todo lo relacionado con la burbuja inmobiliaria y las importantes inversiones en infraestructuras; pero también ha estado muy presente en el ámbito de la organización de eventos del más diverso tipo, con la referencia de mayor significado en el viaje del Papa a Valencia y los múltiples “actos” de la Presidenta de Madrid organizados por su más que cercano consejero López Viejo.

Centrándonos en Madrid, hay que prestar atención también al importante proyecto que afrontó desde 2003 el gobierno de Esperanza Aguirre en relación con la sanidad de la región. Se diseñaron y se han ido construyendo 8 hospitales “comarcales” y uno de referencia, que hoy día están todos prácticamente terminados, aunque el de Villalba no esté en uso.

Esos hospitales constituyen parte sustancial de un nuevo modelo asistencial escasamente debatido en su operatividad y esquemas de gestión, pero muy publicitado y exprimido política y electoralmente por el gobierno del PP de Madrid.

Ese modelo ya se concibe en su momento como distinto y nuevo, desde el punto de vista de la gestión de esos hospitales. De entrada, no son financiados por la CA de Madrid en su infraestructura, sino que son sacados a concurso para ser construidos por empresas privadas que son resarcidas de la inversión a través de contratos a 30 años, a los que se añaden contratos de servicios no asistenciales de la misma duración: limpieza, seguridad, aparcamientos, cocinas, etcétera. Las inversiones son muy importantes: Ninguno de esos contratos baja de los 200 M€ y la media supera los 350 M€.

Ese modelo de gestión que se considera público-privado es abordado por distintas empresas a través, frecuentemente, de UTES dada la complejidad de los contratos que no sólo llevan construcción y equipamiento, sino prestación de servicios. Las empresas adjudicatarias líderes de esos contratos han sido fundamentalmente empresas grandes del sector de la construcción: Sacyr, OHL, Hispánica…

Después ya se ha sabido la segunda fase de lo que era un proyecto inicial no contado y que significaba no un cambio de modelo de financiación y gestión, sino un cambio integral de la prestación sanitaria pública.

De esos ocho hospitales, en la actualidad tres de ellos han modificado su contrato y han asumido también la atención sanitaria de los habitantes del correspondiente área a través de un sistema de pago capitativo. Así pues, al compromiso anterior de construcción y servicios generales se añade ahora, por 10 años habitualmente, la atención sanitaria. Y ahí no queda el asunto.

En el presupuesto de 2013, y de forma sorpresiva, el nuevo Presidente no electo, de Madrid, Ignacio González, extiende ese sistema de gestión, esa privatización, no externalización, al resto de los cinco hospitales de nueva construcción, e intenta una pirueta con el hospital de La Princesa, que llevaría a su también privatización “geriátrica”, que no ha progresado, de momento, por la enorme reacción ciudadana que desencadenó, incluso apoyada por la Sra. Botella y su inefables yerno Sr. Agab.

Pues bien, en todo este proceso de tan largo alcance y tan profundamente contestado por los profesionales sanitarios en general y seguido cada día con más atención y adhesión por la ciudadanía, están empresas importantes presentes. Primero las constructoras y ahora más recientemente, en la parte asistencial, las aseguradoras: Sanitas, Ribera Salud, Adeslas, CAPIO, etcétera.

En los papeles de Bárcenas y en la trama Gürtel aparecen apuntes de donaciones que, al margen de su autenticidad, corresponden a algunas de estas empresas constructoras y en aquellos años. Pura coincidencia que el futuro judicial del asunto puede y debe en algún momento aclarar debidamente.

 En este proceso ¿qué papel ha jugado Ana Mato?

Como ministra, uno muy importante y que, al margen de cualquier valoración ideológica, hay que destacar.

Ana Mato no consta que tenga, ni haya tenido, ninguna relación directa ni indirecta con el sector sanitario, por lo que su llegada al ministerio es una decisión que tiene un marcado carácter puramente político. La ministra va al ministerio sin saber nada de sanidad a hacer política sanitaria de partido. Y lo hace como parece que lo hace todo: con discreción, obediencia y desconocimiento, y mirando hacia otro lado.

A los cuatro meses de gobierno, en abril de 2012, el día 20, se aprueba por el Gobierno el RDL 16/2012 que, publicado en el BOE del 24 de abril, modifica sustancialmente el modelo sanitario español, sin debate alguno. El modelo de SNS queda seriamente alterado en sus fundamentos. Un SNS definido claramente en la ley General de Sanidad del ministro Lluch del año 1986, que ya no fue votada por el PP (AP entonces), como universal, gratuito, equitativo en el acceso y de calidad, se ve seriamente matizado. La ministra Ana Mato no vio su Jaguar en el garaje y tampoco vio el RDL que llevó al Consejo de Ministros.

La clave es el concepto de “universal”. Era cierto hasta 2011, en el que se aprueba la vigente nueva Ley de Salud Pública, que existían algunos colectivos de ciudadanos que, aunque tenían como tales reconocido el derecho a la asistencia sanitaria gratuita, como se había seguido muy inercialmente el modelo del antiguo INP, heredado por el INSALUD, y reproducido por las CCAA, de ligar la atención sanitaria publica a una prestación del sistema de seguridad social, no disponían de la tarjeta sanitaria. Eso se resolvió en la citada Ley de Salud Pública en 2011 y esos escasos 200.000 ciudadanos fueron incorporados a la universalidad de la atención sanitaria pública, financiada por los impuestos, no por las cuotas. Pero había otro importante colectivo objeto de atención sanitaria y de atención por el PP a lo largo de estos años: los inmigrantes. Como todo el mundo sabe, incluidos los militantes del PP y Ana Mato, en los últimos años la inmigración en España ha sido muy notable atraída por el boom inmobiliario, y de servicios, llegando a superar la cifra de 5 millones de personas.

No es el momento de comentar los enfrentamientos políticos que han tenido lugar entre el PP y resto de partidos por este asunto desde el gobierno y desde la oposición.

La Ley de Sanidad contemplaba la atención sanitaria como un derecho de los ciudadanos residentes en España. Ciudadanos considerados como personas a atender en su derecho a la salud. Y por ello, simplemente el empadronamiento garantizaba el derecho, al margen de otras situaciones administrativas en relación con la legalidad o no de su residencia en España. Esto lo acaba de reconocer también el TC en relación con el RDL 16/2012 y su no acatamiento de lo contenido en el mismo, por el País Vasco, en relación con la exclusión de los inmigrantes “sin papeles” de la atención sanitaria integral. Decisión que Ana Mato ha considerado incidental y solo relativa y relacionada con los inmigrantes residentes en el País Vasco.

En este contexto, el RDL 16/2012, define quién tiene y quién no derecho a la atención sanitaria del SNS. Y define que la tiene el asegurado y el beneficiario. Toma como referencia, por tanto, el sistema anterior, relacionado con una prestación no económica derivada de la cobertura de la seguridad social. Vuelve a antes de 1986. Luego define con más precisión a los asegurados y a los que, por la relación con los mismos, son los beneficiarios. Deja claramente fuera de la asistencia universal a muchos inmigrantes que aunque estén empadronados no puedan ser incluidos en las precisas condiciones del aseguramiento, para los que contempla unas prestaciones de mínimos desconociendo la compleja realidad de los problemas de salud pública que estas decisiones económicas e insensible pueden tener para el conjunto de la población.

No es un cambio menor, aunque no afecte de hecho a prácticamente ningún ciudadano español, ni comunitario, ni de estados con los que se tengan convenios específicos de atención sanitaria; es un cambio de concepto, que puede permitir de ahora en adelante distinguir lo que se quiera dentro de los asegurados, que ya no son iguales como lo son los ciudadanos. Y enseguida Ana Mato, en nombre de otros, se puso a distinguir. En el propio RDL se recreó, después de 30 años, un nuevo copago para los pensionistas, ahora asegurados ellos y sus beneficiarios, y se distinguió la aportación de esos nuevos asegurados-pensionistas en función de su renta, y luego se desarrolló el RDL para las prótesis, y para el transporte no urgente y se desfinanciaron más de 400 medicamentos que ahora pagan en su integridad los asegurados, y sigue tratando de forma distinta a los distintos asegurados en función de su renta, porque ya no hay un tratamiento tan homogéneo como cuando se trataba de ciudadanos a los que se les garantizaba su derecho a la prevención de la salud y la atención a su enfermedad.

Nadie puede en su sano juicio creer que Ana Mato lideró este cambio. Ni sus conocimientos ni su equipo eran capaces de hacer tanto en tan poco tiempo. Ese cambio sustancial de modelo, junto con la otra gran reforma de estos primeros meses de gobierno, la reforma laboral, se hicieron con absoluta seguridad en otros despachos distintos de los ministeriales, y respondiendo a demandas e intereses que eran los mismos de los que redactaron el programa del PP, del que fue coordinadora, Ana Mato.

El proceso ha seguido, y tomando como piloto el llamado “modelo Alcira” de gestión público-privada al que se ha hecho referencia, se quiere extender de forma importante en Madrid, con 8 hospitales y 27 centros de salud dependientes de los mismos. Una privatización importante, a la que sin lugar a dudas ayuda el cambio que introduce el RDL 16/2012. El asegurado no es lo mismo que el ciudadano en un sistema de concurrencia público privada con ánimo asistencial de lucro.

Obsérvese que no se conoce ninguna acción política de Ana Mato, ministra de Sanidad, “redactora” del RDL 16/2012, impulsora del copago, frente al mayor conflicto sanitario de la transición, que ha puesto por primer vez de acuerdo en la misma defensa del modelo público a todo el colectivo sanitario, especialmente a todos los médicos junto con la profesión enfermera. No ha dicho esta boca es mía. Se ha limitado a decir que ese es un asunto de la competencia de la CA de Madrid, pero que si tiene éxito se extenderá a Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia… con el silencio interesado y consciente de Ana Mato, que sí ha considerado una invasión de competencias el € por receta en Madrid y en Cataluña, o el sistema de subastas de medicamentos puesto en marcha por la CCAA de Andalucía.

Por todo ello, está muy claro que el PP y Rajoy apoyan a Ana Mato, además de por su presumible integridad, por la necesidad y el compromiso de tener una persona de escasa relevancia sanitaria y de nulo liderazgo, al frente de un Ministerio que tiene que dejar hacer un cambio radical de modelo de sanidad pública justificado por la crisis y que solo está dirigido por y hacia los intereses del sector privado sanitario nacional y multinacional.

La mano de Gürtel es muy alargada, los intereses son muy importantes y Ana Mato ni es un verbo suelto ni una casualidad. Ana Mato por acción u omisión está presumiblemente inmersa en la trama corrupta, que supo aprovecharse del conocimiento desde sus orígenes de un cambio de modelo que iba a movilizar uno de los movimientos especulativos más importantes como sustituto del aniquilado modelo inmobiliario.

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